Cárceles y mujeres

Por: Ariakna Castillo

Estudiante de 4to. año de derecho en la UNMSM.

Miembro de Iure et Facto.

El domingo pasado se llevó a cabo la segunda sesión de nuestro curso de verano “Cárceles y derechos vulnerados”, la cual se enfocó en los problemas que enfrentan las mujeres privadas de su libertad y estuvo a cargo de la especialista en derechos humanos, Verónica Filippeschi, y la antropóloga Ana Paula Méndez. Tras una breve introducción realizada por quien escribe, se dio paso a la primera ponencia del día.

Veronica Filippeschi comenzó su exposición mostrando la tendencia mundial del crecimiento exponencial de la población carcelaria femenina. Perú no es la excepción, con un crecimiento del 155% del 2001 al 2020. Pese a estas cifras, las mujeres privadas de libertad representan el 5.2 por ciento de la población reclusa nacional para diciembre de 2020, por lo que sus necesidades suelen ser dejadas de lado.

El drástico aumento en las cárceles de mujeres se relaciona con delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, usualmente ante la necesidad económica o la coacción de un familiar o la pareja. Ante esta situación, es necesario adoptar una visión holística de la problemática de las mujeres y personas trans en prisión para poder visibilizar el problema de fondo, sus carencias anteriores a la prisión y la violencia de género que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, culminando esto en la comisión de delitos.

Desde el ingreso a la prisión hasta su liberación, las mujeres enfrentan formas de discriminación particulares por su género, particularmente aquellas que vulneran su libertad sexual y salud reproductiva. En la búsqueda de aminorar este daño, la ONU estableció las reglas de Bangkok, 70 pautas que buscan mejorar estas condiciones, estableciendo estándares mininos para atender sus necesidades específicas. Entre estas, se establece mecanismos de inspección a centros penitenciarios y se reconoce explícitamente el acceso a productos sanitarios como toallas higiénicas y la atención adecuada antes y después del parto.

La segunda ponencia, a cargo de Ana Paula Méndez, profundizó en las dificultades que conlleva ser madre dentro de un centro penitenciario. Para ello, la expositora se basó en un estudio realizado a través de entrevistas a reclusas con hijos tanto dentro como fuera de la prisión.

Este estudio mostró que el aprisionamiento de una madre afecta gravemente las dinámicas familiares pues en la actualidad no solo se encargan del cuidado de los niños, sino también de proveer para ellos. También se evidenció que las redes de soporte de las madres son en su gran mayoría compuestas por otras mujeres, principalmente la madre de la interna y sus propias compañeras.

Como se mencionó en la exposición anterior, el Estado suele invisibilizar o atender deficientemente las necesidades de la población carcelaria femenina y esto se extiende al cuidado de sus hijos. En la actualidad, se limitan a albergarlos, pero se delega los cuidados del ámbito doméstico. La madre debe cuidar al niño durante todo el día, lo que impide que estudie y/o trabaje, dificultando su proceso de reinserción a la sociedad.

Asimismo, no se tiene claro cuál es el órgano encargado del cuidado de los niños albergados en las cárceles por lo que exigir mejores condiciones es difícil. Se concluye que el Instituto Nacional Penitenciario debería evaluar los casos particulares para dar así un soporte mayor por cómo se transita por el proceso de la maternidad en prisión.

Finalmente, una de las preguntas formuladas por los participantes de la sesión fue sobre la posibilidad de restringir la visita íntima a las mujeres privadas de libertad, dado que, un centro penitenciario no sería un lugar adecuado para maternar. Ante la pregunta, las ponentes coincidieron en que la visita íntima es un derecho que no puede ser restringido a las mujeres privadas de libertad y estas deben tener la facultad de ejercerlo en la misma forma en que lo hacen los hombres en condición de reclusión.